Multa por trabajar en negro

Sanciones por pagos fuera de bolsa

A nivel fiscal, se han establecido una serie de delitos laborales en este contexto y las sanciones por pagar de más deberían ser de dominio público.

• Sin embargo, en los casos relacionados con la seguridad social, el plazo es de cuatro años.
• Esto se cumple mediante expedientes, procedimientos administrativos e informes a propuesta de la Inspección de Trabajo.
• Las infracciones leves cuestan entre 60 y 625 euros, las graves entre 626 y 6.250 euros y las muy graves entre 6.251 y 187.515 euros.
• Las empresas deben devolver los importes que han recibido indebidamente o han aplicado mal.
• Las pensiones y prestaciones temporales pueden dejar de percibirse o los subsidios pueden interrumpirse.
• El trabajador infractor puede perder sus derechos como demandante de empleo. Si son extranjeros, pueden ser deportados.
• Las infracciones graves de la obligación de registrarse pueden ser sancionadas con hasta 10.000 euros por trabajador. Las infracciones graves en el empleo de beneficiarios de prestaciones o pensiones pueden ser muy graves y ascienden a 187.515 EUR.
• Si se trata de más de una persona, el recargo es del 20% para dos personas y del 50% para cinco. El importe de las multas individuales no excederá de 187.515 euros.
• Se puede imponer una multa de hasta 10.000 euros si se obstaculiza gravemente la labor del inspector. En casos especialmente graves, hasta 187.515 euros.

Fuente Tecnicoo.es

Sanciones contra las empresas con salarios excesivos para los empleados

El empleo de trabajadores no registrados se considera una infracción grave y la empresa es sancionada.

-Multa no inferior a 3.126 euros ni superior a 6.250 euros.

-Multas medias de 6.251 a 8.000 euros.

-Límite superior de las multas de 8.001 a 10.000 euros.

Este es el caso cuando una persona presta voluntariamente servicios remunerados como empleado por cuenta ajena, ya que no puede trabajar sin estar dado de alta.

Fuente: miasesorlaboral.es

El fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social es ahora un poco más arriesgado en España. Los recientes cambios en el Código Penal implican que las personas en paro público que reciben subsidios del Estado y, al mismo tiempo, perciben ingresos no declarados de sus actividades profesionales, se enfrentan a una pena de prisión.

Así, el artículo 307 del nuevo Código Penal, que entra en vigor hoy, 17 de enero, perseguirá activamente a quienes alimenten esta economía sumergida mientras perciben prestaciones por desempleo y otro tipo de pensiones de la Seguridad Social.

Denunciar trabajo en negro

Las sanciones previstas en esta nueva normativa son penas de prisión que oscilan entre seis meses y tres años. Sin embargo, en "casos que no revistan especial gravedad", según el texto, se impone la obligación de pagar hasta seis veces la cantidad evadida, teniendo en cuenta las circunstancias personales del infractor y los medios utilizados.

Además de las sanciones que se impongan en cada caso, el infractor quedará excluido de todos los beneficios e incentivos fiscales durante un periodo de tres a seis años.

Además, pueden imponerse sanciones tanto a los empresarios como a los empleados que participen en actividades del "mercado negro". Las nuevas sanciones mantienen las multas administrativas impuestas anteriormente, de hasta 10 000 EUR para los empresarios, y la retirada de prestaciones sólo para los beneficiarios.

Sin embargo, no se ha fijado una cantidad mínima por encima de la cual el fraude se considere delito, pero las penas más severas se imponen a partir de 50 000 euros.

A pesar de las estrictas sanciones, el trabajo no declarado es uno de los mayores problemas para la economía del país, especialmente para el colectivo de autónomos que pagan a conciencia impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social y se ven privados de liquidez por quienes trabajan al margen de la ley.

Como analizó este blog hace unos meses, la economía sumergida representa más del 20% del PIB anual en España. Esto equivale a una quinta parte del PIB, lo que significa que lo que debería gravarse no se grava. Sin embargo, no debemos olvidar que Hacienda somos todos. Engañar al Estado a pesar de la difícil situación económica en la que nos encontramos no hará sino empeorar la situación ya que, por un lado, será muy difícil estabilizar el tan necesario presupuesto y, por otro, quienes declaren correctamente sus ingresos se verán obligados a soportar la carga de quienes no pagan impuestos.

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